En las
décadas pasadas, la fiesta de los 90 como algunos la califican, se promulgaron
una serie de leyes en materia de patrimonio que, como todos los productos humanos,
pueden no ser del todo perfectas, en ciertos articulados se quedan cortas y en
otros, fundamentalmente los relativos a la financiación, o son imprecisas o
poco resolutivas.
Sin
embargo ahí están. Han servido para dotar de argumentos legales a la protección
y la documentación del patrimonio, el “mayor” y el “menor”.
Ahora
en esta etapa de crisis y de cambio (o imposición) de valores sociales se corre
el riesgo de la involución, de demoler esas leyes. Después de la borrachera de
la fiesta y de dar el “si quiero” a un ligue de una noche, nos despertamos en
la cama casados con alguien que nos incomoda, como si se tratase del argumento
de una película ambientada en Las Vegas.
Pero
los logros sociales de los 80-90 e incluso de los 2000 no pueden considerarse,
sin más, como una con-cesión social tras bajar la guardia en un periodo de
euforia.
Las
noticias que vienen desde Madrid son muy preocupantes en este sentido. Desde
asociaciones como la Asociación
Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología o la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
y desde colectivos como la sección de
Arqueología del CDL de Madrid ya no sólo se ha dado la voz de alarma, sino
que directamente existe una movilización para intentar atajar la puesta en
marcha del actual proyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid.
Un proyecto de modificación que, en opinión de Jaime Almansa
en su artículo La
arqueología no es para el verano del 18 de abril de 2013, está diseñado
para facilitar grandes promociones como Eurovegas, pues únicamente será
obligatorio la intervención arqueológica en los yacimientos catalogados y no
será necesaria la aplicación de medidas preventivas que evalúen el impacto
patrimonial en este tipo de proyectos.
Igualmente pavorosos son los titulares del periódico El País
del 13 de abril de 2013 en su artículo "La
ciudad descatalogada": “La nueva
Ley de Patrimonio relaja las condiciones para proteger edificios y yacimientos,
según denuncian asociaciones, arqueólogos y arquitectos” o “La norma abre la puerta a un nuevo tipo de
especulación urbanística”.
Respecto al patrimonio urbanístico se denuncia que la
filosofía de la nueva ley es favorecer las promociones inmobiliarias sobre
edificios emblemáticos, cediendo a las demandas de los promotores que
reclamaban la eliminación de “cortapisas, burocracias y también obstáculos
arquitectónicos que impidan construir, por muy históricos que estos resulten a
veces”.
En el artículo de El País, en relación al patrimonio
arqueológico, en la línea denunciada por Jaime Almansa, se destacan las
palabras de Diana Díaz, presidenta de la sección de arqueología del CDL de
Madrid “Con la nueva ley el valor arqueológico queda difuminado y casi
eliminado. La labor arqueológica queda bastante defenestrada”. La ley elimina la obligatoriedad de realizar
informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos
informes, las excavadoras pueden arrasar yacimientos sin que nadie se diera
cuenta. “La ley no va a afectar a yacimientos como el de Titulcia, declarado
BIC el pasado agosto. Pero para llegar a esa declaración, antes de todo eso
tuvieron que ir arqueólogos, descubrir los yacimientos que había y
documentarlos”, concluye Diana Díaz.
Como señala Jaime Almansa se han
realizado en el pasado reciente grandes promociones que han supuesto la no
conservación de patrimonio, pero al menos se ha documentado ¿pasará lo mismo en
el futuro?
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Todo lo que no esté previamente catalogado puede ser en el
futuro susceptible de desmantelamiento o destrucción ante la falta de
mecanismos que auspicien programas preventivos.
Preocupante, muy preocupante, si unimos esto a los avisos de
“rearticulación normativa” que hoy mismo anuncia el Gobierno de España, como
medidas para paliar la “crisis”. Debemos estar en alerta para que no se nos
quite aquello que ha costado mucho conseguir, aunque no fuera perfecto.
Cuando las leyes de
tus vecinos veas recortar, pon las tuyas a remojar.